Desaparecidos: el caso que desnudó a México, la gran prueba del gobierno de Peña Nieto

Las viejas películas del “Lejano Oeste” mantienen como una fantasía en nuestros subconscientes la imagen de un pueblo “sin Dios ni Ley”, donde quien manda se enfrenta al bandido y aquel que saca más rápido la pistola, gana.  Uno muere y el otro se queda con el botín.

Esas son las cosas que no pasan en un Estado de Derecho. Por eso, cuando el 26 de septiembre pasado, desaparecieron 43 estudiantes que se encontraban protestando contra la nueva ley de educación en la ciudad de Ayotzinapa, Guerrero, México, se comenzaron a encender luces de alerta.

Más de un mes después aún no se tiene información. Lo más relevante ha sido la detención del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa María de Los Angeles Pineda. Junto a ellos hay más de 50 detenidos y varios más prófugos.

Entre las interrogantes planteadas hasta hoy, hay al menos dos que temas que acentúan la sensación nacional e internacional de crisis social.

Primero, que han encontrado y abierto distintas fosas clandestinas, pero en ninguna de ellas ha habido rastros de los estudiantes. ¿Quiénes son entonces estas personas? ¿Por qué nadie las buscaba?

Segundo, como indica la BBC, “lo que hasta el momento no se ha explicado es por qué los policías y los supuestos sicarios parecen haber actuado en conjunto”.

Esto que se hace tan difícil de explicar,  ha sido vinculado con una nueva fase del crimen organizado mexicano.

Este “ya no solo intenta monopolizar el trasiego de la droga sino que ahora ha pasado a una nueva fase en la que uno de sus grandes objetivos es la toma del poder local, apoderarse de los municipios y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada”, asegura al diario El País (España) el profesor de Notre Dame, Guillermo Trejo. El mismo sostiene además que los criminales estarían ahora haciendo uso de las redes que “han venido tejiendo y retejiendo por décadas” en el sistema público.

“Para lograr la hegemonía local, los grupos del crimen organizado requieren de una sociedad desarticulada y aterrorizada, incapaz de cuestionar y desobedecer los dictados de las autoridades de facto. Por ello los criminales buscan establecerse en zonas con poca organización social”, sostiene Trejo y concluye que esta “masacre fue un acto de reconstitución del poder local; una acción barbárica mediante la cual el grupo criminal Guerreros Unidos quiso dejarle en claro a los movimientos sociales de la región quién era el mandamás”.

Para algunos expertos, como el estadounidense Andrew Selle, “Este incidente ha puesto en evidencia la debilidad del Estado en muchas regiones de México y el reclamo de los mexicanos para poner atención prioritaria en fortalecer el Estado de derecho”, según indicó al diario El Universal de México.

En la misma línea, el Diputado y presidente de la Comisión Especial del caso, José Guillermo Anaya Llamas (PAN) fue más radical cuando dijo: “el caso ha desnudado a México”, y luego agregó “es una vergüenza nacional e internacional que México sea visto como un estado que no es capaz de garantizar los derechos humanos y la seguridad a su pueblo”, según consignó el Washington Post.

Y es que este caso que está siendo seguido de cerca por la comunidad internacional ha comenzado a hacer pública la otra cara de México.

Esa que -según indica El Mercurio (Chile)– cuenta con más de 145 mil muertes relacionadas con el crimen organizado y 23 mil desaparecidos en los últimos ocho años. Esa donde ahora sabemos que es habitual el hallazgo de fosas clandestinas. Esa cara que se enfrenta día a día con la que quiere promover el actual Gobierno.

Por ello, “Por más que el presidente Peña Nieto se empeñe en ofrecer la cara más amable de un país próspero gracias a las nuevas reformas económicas, sucesos como los de Iguala le impiden dejar atrás la imagen de un México cruento en el que los carteles de la droga imponen su ley y donde la frontera con EEUU se ha convertido en un cementerio lleno de cruces que recuerdan a todos los que quisieron huir de la miseria y se encontraron con la muerte”, sentencia el diario El Mundo (España).

Cada día que pasa sin respuestas, aumentan los problemas de Peña Nieto. Al interior del país la sociedad civil se ha volcado a las calles en protestas, marchas y quemas de edificios.

A nivel internacional, nadie parece estar dispuesto a dejar pasar el caso de los estudiantes desaparecidos y los mensajes han sido claros.

El Parlamento Europeo lamentó -en una resolución aprobada por amplísima mayoría- que haya una “aparente infiltración del crimen organizado en los organismos locales policiales y administrativos”  y llamó a las autoridades a actuar rápidamente. En tanto, un grupo de diputados pidió suspender el Acuerdo Global México-UE que actualmente están negociando.

La ONU, por su parte consideró importante “garantizar los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, protesta social, así como a la libertad y seguridad personales y a la integridad”, en el país Azteca.

Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de DD.HH. se manifestaron en la misma línea e instituciones como el Centro Woodrow Wilson (EE.UU.) ya se encuentran preparando un foro para analizar cómo el caso de los estudiantes desaparecidos ha puesto a prueba a México.