Sergio Moro se ha convertido en una figura respetada y temida en la escena política y empresarial de Brasil, con su mano firme en una de las investigaciones más importantes por corrupción que ha tocado los cimientos de una de las compañías emblemáticas de la economía nacional y regional: Petrobras.
Un total de 13 empresarios relacionados con actividades de dudosa índole fueron capturados y se encuentran tras las rejas para rendir declaraciones y colaborar como testigos, y/o imputados en una posible causa por desvío ilegal de 3.000 millones de dólares, todo por orden del juez de Curitiba.
Al llegar a las primeras conclusiones en el caso, el fiscal no se anduvo con rodeos y solicitó una orden de arresto para más de 20 empresarios poderosos de la escena industrial brasileña, con el posterior visto bueno del juezo Moro, algo lo que ha desatado un “boom” mediático como una de las operaciones anti-corrupción más trascendentes de las últimas décadas.
En los últimos días se han conocido declaraciones del grupo de abogados defensores de los empresarios investigados, señalando que el juez que lleva el caso es distinto a otros represenantes del sistema judicial y que tiene el respaldo para tomar decisiones fuertes sin importar los intereses creados.
Acusaciones formales y delitos políticos
El caso de Petrobras y el desvío ilegal de 3.000 millones de dólares podría pasar al Gobierno Federal, algo que las autoridades quieren evitar para que todo siga en manos de Moro por un tiempo más, al menos hasta que se conozcan en profundidad mayores detalles.
Hace poco, Moro dijo que es necesario “cortar el ciclo delictivo” y para ello ha empleado muchos recursos para llegar a descubrir la verdad, presionando a los empresarios involucrados con hablar o ser objeto de prisión preventiva, como ha sucedido con muchos de los sospechosos.
Quiere llegar al Tribunal Supremo Federal
Una de las razones para la mano dura impuesta por Sergio Moro en sus resoluciones contra los empresarios corruptos se relaciona con su deseo de llegar al Tribunal Supremo Federal. Esto en lugar de generarle un ambiente negativo, le ha generado buenos comentarios de parte de los analistas políticos y sociales del país.
Nacido en Paraná y experto en delitos de lavado de dinero, el juez que ha puesto a temblar a Petrobras y otras empresas de mucho poder y influencia en la industria brasileña, cuenta con el apoyo del Gobierno de Dilma Rousseff y también tenía el aval del candidato opositor Aecio Neves para continuar con una investigación que esta dando frutos inesperados y que tiene en vilo al sector empresarial de uno de los países más influyentes de América Latina.
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