Cada vez más en España, se está dando cabida al fenómeno de la economía sumergida, debido, fundamentalmente, a la crisis económica que se está viviendo y que ha hecho que, casi el 19% (en concreto, el 18.6%) del PIB (Producto Interno Bruto) pertenezca al empleo no declarado y a la economía sumergida, lo que representa más de 190.000 millones de euros.
En los países de la OCDE también se sigue esta tendencia, ya que se ha llegado a afirmar que más de 1.800 millones de personas desempleadas cuentan con algún tipo de empleo o ingreso no declarado, lo que supone el 60% de los trabajadores, algo que es totalmente alarmante y preocupante y que nos deja un buen diagnóstico de la sociedad trabajadora actual.
A pesar de que en España es donde más se manifiesta esta tendencia hacía la economía sumergida, lo cierto es que, en Europa, el empleo no declarado se sitúa alrededor del 18% del PIB, sobre todo, en países como Bulgaria (31%), Rumania o Hungría (28%).
Ahora, tras ver esta radiografía del trabajo en Europa, lo cierto es que deberían llegar a algunas soluciones para intentar paliar esta economía sumergida o el mercado negro.
Por un lado, existe una postura liberal que defiende el hecho de una menor presión tributaria, la intervención estatal mínima y la desregulación, para así frenar la economía sumergida.
Mientras que, por otro lado, también se podría hacer caso del modelo estructuralista, que es el que aboga por una mayor regulación estatal en el mercado laboral, una mayor protección fiscal y eficiencia en la intervención del gobierno.
Lo cierto es que habría que elegir uno u otro modelo lo más rápido posible para así intentar frenar un lastre que presenta la economía de muchos países, entre los que se encuentra España, ya que este tipo de economía sumergida no conlleva, prácticamente, ningún beneficio a la larga.
