Impunidad, perdón, indulto, olvido y aministía son palabras profundas que se manejan por estos días en la sociedad colombiana, con protestas de los ciudadanos en medio de las conversaciones de paz entre el Gobierno y los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Miles de personas saltaron a las calles de todo el país para reclamar lo que parece un camino que podría tomar la negociación entre el Estado y las FARC, que es dar paso a la aministía para los rebeldes revolucionarios, que no tendrían que pasar por un proceso judicial para reinsertarse en la sociedad.
El diálogo de paz se retomó en medio de tensiones hace unos días, con el objetivo de dejar atrás 50 años de conflicto armado. Sin embargo, el proceso parece menos sencillo de lo esperado y se han dado una serie de irregularidades y puntos controversiales que afectan una resolución final.
En 2 años de conversaciones en La Habana, el proceso se ha visto afectado por distintos motivos. En el último mes, las FARC secuestraron a un militar de alto rango que patrullaba sin uniforme oficial, en un caso que ganó notoriedad internacional ya que el general finalmente fue liberado para posteriormente renunciar a su cargo por su mal accionar.
¿Implementar juicios u olvidar como otros países?
Colombia afronta una decisión tan complicada como determinante en las negociaciones de paz. Qué hacer con los rebeldes es un tema prioritario para el Gobierno, con las FARC presionando para que haya indulto y olvido para sus miembros, mientras la comunidad aguarda expectante.
El presidente Uribe ha sido conciliador y comprensivo en su reacción ante las protestas generalizadas en el país ante la posibilidad de perdón para los miembros de las FARC: “Llamamos al Ejército para que peleara y derrotara a las guerrillas. Es mejor protestar que dejarlos que llevan este país rumbo al terrorismo“.
La generalidad entre los ciudadanos y las organizaciones de paz a nivel mundial es que haya acusaciones formales por delitos contra los derechos humanos, aunque para alcanzar un punto de acuerdo y dar paso a un final del conflicto, el Estado podría optar por una aministía similar a la de países como Uruguay y Perú, dejando a los involucrados libres de procesos judiciales en un pacto de “olvido” que deja a los familiares de las víctimas con una sensación de vacío pero sepulta con relativa rapidez los efectos negativos del conflicto para el futuro cercano en una sociedad cansada de violencia inútil.
