“Las relaciones entre ambos países se verán afectadas”, afirmó Dilma Rousseff sobre la postura de Brasil, que junto con Holanda han condenado la ejecución de varios traficantes de drogas por parte del sistema judicial de Indonesia en un acto que podría acarrear complicaciones políticas en un futuro cercano.
Un brasileño, un holandés, un nigeriano y un vietnamita fueron condenados a muerte por un tribunal de Indonesia por traficar drogas y fueron ejecutados el domingo pese a la indignación de los países contrarios a esta condena, que han reaccionado de forma enérgica por el trato “inhumano” hacia estos delincuentes.
La presidenta de Brasil fijó su postura por la situación y mostró su contrariedad por la muerte de Marco Cardoso Moreira, el traficante condenado: “El Gobierno muestra toda su indignación y consternación por esta condena. El embajador en Jakarta será consultado al respecto y las relaciones entre ambos países se verán afectadas“.
Holanda también solicitó la intervención de su embajador en Indonesia y calificó la ejecución como una “negación inaceptable a la la dignidad e integridad de los seres humanos“, especialmente por el procedimiento que se dio por parte de las autoridades locales ante las protestas internacionales.
Indonesia y su implacable política anti-drogas
Después de varios años sin ejecuciones, el férreo sistema judicial de Indonesia retomó las condenas de muerte en 2013 y desde entonces el Gobierno ha izado la bandera de cero tolerancia contra “delitos graves”, con el objetivo de minimizar y eliminar estas actividades en el país.
Según el Gobierno indonesio, las ejecuciones por cargos por tráfico de drogas son fuertes debido al efectivo negativo que tienen en la sociedad, señalando que este tipo de delitos tiene consecuencias profundas en muchas personas dentro de un sistema delictivo de muchos niveles.
Con declaraciones a medios internacionales, tanto los acusados como los gobiernos de Brasil y Holanda pidieron clemencia o al menos un tiempo prudencial para investigar los hechos en Indonesia, pero las autoridades locales no cedieron en ningún momento, dieron paso a las ejecuciones y la reacción no se ha hecho esperar con relaciones políticas y comerciales que podrían verse afectadas a corto plazo.
