El alcade de Boston, Martin J. Walsh, ha tomado una postura inesperada para contar con el mayor apoyo posible de los vecinos y funcionarios, con miras a luchar por albergar los Juegos Olímpicos de 2024, después de que la ciudad fuera elegida como representante de Estados Unidos en la votación ante el Comité Olímpico Internacional.
En un hecho sin precedentes y que se filtró a la prensa local hace unas horas, el alcalde de Boston firmó un decreto en conjunto con el Comité Olímpico estadounidense, que prohíbe a los funcionarios públicos expresar opiniones contrarias a los deseos de la ciudad de ser sede de los Juegos Olímpicos.
El acuerdo reza lo siguiente:
“La Ciudad, incluyendo a sus empleados, oficiales y representantes, no debe hacer, publicar ni comunicar a ninguna persona o comunicar en forma alguna, ningún comentario o declaración (escrita u oral) contraria, denigrante o que menosprecie o que vaya en contra de la reputación del Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, el Comité Olímpico de los Estados Unidos, la candidatura para los Juegos Olímpicos, el Comité para la candidatura o el movimiento Paralímpico. La Ciudad, incluyendo a sus empleados, oficiales y representantes, debe promover la candidatura, el Comité Olímpico de los Estados Unidos y los atletas olímpicos y paralímpicos y las esperanzas del movimiento olímpico de forma positiva”.
Pero en medio de la sorpresa por el decreto oficial de la Alcaldía, en Boston se han levantado muchas voces contra la resolución y acusan al gobierno local y al Comité Olímpico de coartar la libertad de expresión. Algunos juristas defienden la postura de Walsh diciendo que también los trabajadores del sector privado tienen prohibido dar opiniones personales más allá de los discursos que aporten para mejorar el rendimiento de la empresa en el ambiente de trabajo.
“El principio básico es que los empleados públicos tienen la Primera Enmienda para hablar a los ciudadanos sobre los temas públicos siempre y cuando no limite su habilidad de cumplir con su trabajo“, explicó Sarah Wunsch, directora de American Civil Liberties del estado de Massachusetts.
Los problemas con las construcciones que necesitarán las instalaciones deportivas para organizar los Juegos Olímpicos, el tráfico y el dinero que deberá poner el gobierno para presentar la candidatura y posteriormente llevar adelante el evento en caso de ser elegido, son las principales preocupaciones de los “bostonianos” y el resto de la región.
