En una polémica ley que el Gobierno acaba de confirmar, los soldados venezolanos tendrán permitido usar fuerza letal contra las personas que se encuentren en protestas masivas, con tal de resguardar el orden público y defender su propia vida en caso de sentirse bajo amenaza.
Según las autoridades locales, la nueva reglamentación le dará más posibilidades a los soldados venezolanos para controlar los actos irregulares durante las protestas contra el Gobierno, enmarcando las acciones fuera de ley de forma más clara y protegiendo a aquellos activistas que no usan la violencia como mecanismo de presión.
Esta resolución permitirá que los soldados venezolanos disparen a matar a los activistas que formen parte de protestas masivas en cualquier parte del país, siempre y cuando los agentes sientan que su integridad física se encuentre amenazada y las actividades de los ciudadanos perjudiquen el orden público.
Para el Gobierno venezolano se trata de una herramienta para contrarrestar las protestas masivas e intensas que se han multiplicado en los últimos tres meses, en medio de la crisis que vive el país por dificultades económicas y las revueltas sociales por una inconformidad extensiva a todos los rincones del país.
Reacciones contra el Gobierno venezolano
Tras conocerse las nuevas medidas de la administración de Nicolás Maduro, muchas organizaciones e instituciones alzaron su voz de protesta por lo que consideran un decreto irregular. “Es una amenaza directa a la clase trabajadora. Son los trabajadores los que han estado participando en las protestas en el país en los últimos años“, indicó Marcelo Máspero representante de la Unión Nacional de Trabajadores.
Por su parte, el defensor del pueblo, Tarek Williams, señaló que está de acuerdo con la nueva reglamentación: “Es muy claro que tiene el objetivo de usar fuerza progresiva y diferenciada. El objetivo es proteger los derechos humanos y los derechos de todos en las protestas“.
Desde el Control Ciudadano, Rocío San Miguel declaró que se trata de una resolución “peligrosa y controversial”, asegurando que “las reglas se dieron a conocer a pocos días de cumplir tres meses de las protestas del año pasado”, en las que fallecieron 40 personas entre agentes de policía y ciudadanos.
