Gracias a una reforma legislativa a raíz de los ataques terroristas, el Gobierno francés ya puede suspender sitios web sin necesidad de contar con una orden judicial, apelando a un tema de seguridad contra los planes extremistas que se expanden en Internet.
En una rápida reacción a los ataques terroristas contra la revista Charlie Hebdo y otros objetivos, las autoridades gubernamentales han implementado una nueva legislación que permite una acción preventiva inmediata contra sitios web que representen una amenaza para la seguridad pública.
Según los nuevos estatutos, los sitios webs que pueden ser “sacados del aire” por el Gobierno sin necesidad de pasar por el juzgado deben cumplir con alguno de estos parámetros:
- Promoción del terrorismo
- Incitación al odio
- Ponografía infantil
- Corrupción de menores
Estas nuevas leyes tendrán una aplicación veloz, ya que una orden del Ministerio del Interior es suficiente para los proveedores de los servicios de Internet de todo el país bloqueen la dirección correspondiente para que los sitios web no puedan ser visitados, restringiendo el acceso a los servidores.
Como no hace falta una orden judicial, las acciones preventivas podrán ser inmediatas y las diferentes agencias de seguridad que trabajan en Francia podrán neutralizar todos los sitios web que sean sospechosos de actividades delictivas.
Reacción fuerte contra el terrorismo
Aunque la decisión se entiende como una medida de seguridad nacional contra los ataques terroristas que quedaron como una posibilidad real en el panorama francés, no son pocos los grupos sociales que ven esta decisión como una violación al derecho de información y a la libertad de expresión, asegurando que en un futuro no muy lejano se dará una aplicación similar en otras actividades.
El debate también se ha extendido al resto de países europeos, con la opción de tomar parte o toda la nueva legislación francesa para implementarla en la Unión Europea, aunque seguramente se necesitará la orden de un juez (no de un juzgado) para tomar acciones preventivas.
Mientras los gobernantes sacan provecho de los episodios de violencia extremista en el país para mejorar su imagen pública, la legislación se actualiza para hacerle frente a uno de los principales problemas que se viven en la sociedad francesa de hoy.
